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Gremios rosarinos avanzan en el armado de una línea de defensa del empleo y el salario

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Un conjunto de gremios rosarinos avanzan en el armado de una línea de defensa del empleo y el salario, que incluye el control de precios.

Así quedó reflejado ayer en durante la "Jornada de reflexión sobre precios cuidados" que organizaron, entre otros, mercantiles, Sadop, judiciales, Luz y Fuerza, telefónicos, bancarios, y la CTA provincial. Delegados gremiales, trabajadores y consumidores desbordaron el teatro de 254 butacas de la Asociación de Empleados de Comercio (AEC). Hasta allí llegaron, incluso, jóvenes representantes de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de Quilmes.

El ADN de la multisectorial en gestión puede rastrearse en la pelea que llevaron varios de estos actores sindicales y sociales durante la crisis del empleo en 2009. En esta áspera etapa, cuenta con nuevos componentes, con el peso territorial que le da un gremio como el de los mercantiles, y la aparición de una camada de delegados sub 35 forjados en la última década que presionan a sus cúpulas para salir a la calle.

En este sentido, el secretario general de los mercantiles, Luis Battistelli, aseguró: "Esperamos seguir ampliando esta lucha", ya que "el desafío es armar la defensa de nuestros salarios y de nuestros empleos".

"Queremos profundizar este camino para mejorar la vida de los trabajadores y para eso debemos avanzar en el debate sobre el boleto estudiantil, los alquileres y hasta los servicios que presta el Estado", señaló a su turno el secretario general del Sindicato de Prensa, Edgardo Carmona.

Convergencia. Los gremios involucrados en la conformación de esta suerte de línea Maginot para resistir el intento de que la crisis la paguen los trabajadores, apuntan a converger con otros bloques sindicales. Es el caso de la entente que firmaron el jueves pasado la federación nacional de trabajadores aceiteros y la CGT San Lorenzo para pelear por un salario mínimo superior a los 10 mil pesos en las empresas del complejo agroexportador.

Los representantes gremiales dejaron en claro que la divisiones y rupturas hacia el interior de las distintas centrales sindicales en los últimos años tiene como límite la pérdida real del salario y de fuentes de trabajo.

La fuerte devaluación y la feroz remarcación de precios, sumado a varios conflictos de disciplinamiento laboral y ajustes de plantilla en la región desde de enero pasado, se convirtió en un punto de quiebre para que el trabajo de organización gremial tomara otra velocidad.

El control de precios es una novedad en la pelea gremial actual, a la que se sumaron entidades de consumidores como el Centro de Estudios Sociales y Acción Comunitaria (Cesyac), y en la que también tiene a 100 delegados de los mercantiles relevando el cumplimiento del programa Precios Cuidados.

Concentración. "El 75 por ciento de la oferta que se encuentra en los autoservicios y cadenas de supermercados está concentrado en 30 empresas, que representan el 66,4 por ciento de la facturación", argumentó el economista Daniel Guida para mostrar "la fabulosa transferencia de riquezas" en la economía argentina. Demostró, así, que "el problema de la inflación no es el de los salarios".

"No hay ninguno de todos estos economistas que están todo el día en la televisión que diga quién ganó con la devaluación", resaltó Guida, quien expuso en distintas filminas el grado de concentración de la economía argentina, y hacia el interior de cada rubro, y el peso que tienen estas compañías para la formación de precios.

"La inflación está centrada en la microeconomía con los formadores de precios, si no cómo se explica que la yerba al productor se la pagan 3 pesos y al consumidor se la cobran 50", ejemplificó.

"Es un escándalo la rentabilidad de algunas de estas compañías", reafirmó un trabajador que pidió la palabra sobre el cierre del encuentro.

Referencias. También lamentaron las dificultades que acarrea para los trabajadores y consumidores santafesinos que el Instituto Provincial de Estadísticas y Censos (Ipec) haya dejado de ser un referente confiable para medir la inflación.

Por eso, Martín Lucero, secretario general de los docentes privados (Sadop), puso sus reparos un planteo que le llegó desde la tribuna para incluir en las negociaciones colectivas una cláusula gatillo por inflación.