Por Martín Lucero / secretario general de Sadop Rosario
En los últimos días han vuelto a aflorar propuestas para la reinstalación del servicio militar obligatorio. El senador provincial bonaerense Mario Ishi propuso hacer una "consulta popular" planteando el retorno de "la colimba". Según el legislador, "es una medida de seguridad que podría servir a esos jóvenes a que reciban contención y una mensualidad".
Más atrás en el tiempo el excéntrico y polémico diputado salteño Alfredo Olmedo había impulsado la misma medida al sostener: "(la gente) quiere que haya un orden militar a la juventud". En aquellos días Olmedo blandía una encuesta de la Consultora Aresco (Julio Aurelio) cuyo informe cualitativo publicado por un matutino porteño sostenía que "del casi 70 por ciento que está de acuerdo con el servicio militar obligatorio, el 38,8 por ciento cree que es una solución a los problemas sociales". El listado de esos "problemas" incluye el principal motivo para justificar la conscripción, que sería el de "sacar a los chicos de la calle" (10.3 por ciento). El mismo estudio revelaba que en menor medida los encuestados consideraron que serviría para "tener mejor educación" (9,7 por ciento), "menos delincuentes/inseguridad" (7,7 por ciento) y "menos libertinaje-vagancia" (6,5 por ciento), entre otros".
Llamativamente las respuestas dadas por los consultados manifiestaban que el servicio militar obligatorio tendría la virtud de solucionar casi todos los problemas derivados de la exclusión social. En el imaginario de muchas generaciones "la colimba" era un ámbito donde se forjaba la personalidad, se incorporaban valores, se adquirían hábitos, se aprendían oficios y, en definitiva, los jóvenes se "hacían hombres".
Cabe preguntarse entonces ante semejantes "virtudes formativas" de los cuarteles cuál es el rol de la familia como primera educadora y el de la escuela en el contexto social. Porque si le asignamos al servicio militar el rol de "incorporar valores y adquirir hábitos", ¿dónde queda la obligación primaria de la familia en la formación de la persona? ¿Si queremos que un adolescente tenga "mejor educación" o "aprenda un oficio", por qué en lugar de mandarlo a un cuartel no lo mandamos a una escuela? ¿Si los varones van a "la colimba" a "hacerse hombres", dónde van las mujeres, las dejamos en la calle?
Estos interrogantes ocultan detrás una dura verdad que debemos asumir como tal: muchos sectores de nuestra sociedad siguen tolerando respuestas autoritarias para atender los problemas de inclusión social. El servicio militar obligatorio tenía como contrapartida de "las virtudes" que se le conceden un rasgo distintivo: "la rudeza" con la que se incorporaban determinados hábitos y conductas. En un sistema vertical no hay lugar para las libertades individuales y el incumplimiento trae aparejado castigos no siempre proporcionales a la falta y muchas veces reñidos con la dignidad humana. La muerte del conscripto Omar Carrasco (y las complicidades que vinieron a ocultar las causas de su muerte) dio el golpe de gracia a un sistema que ya venía jaqueado por la triste experiencia de Malvinas. La misma costó vidas e historias de muchos jóvenes que pusieron el cuerpo por una causa legítima, pero llevada adelante por una conducción castrense improvisada e irresponsable.
Los sectores que añoran el servicio militar obligatorio creen que la inclusión que no puede lograrse con políticas públicas puede darse con disciplina militar en los cuarteles. Nada más alejado de la realidad. Es inimaginable sostener que los pobres, los desempleados, los que no terminaron la escolaridad o incluso aquellos que tienen un problema de adicciones, dejarán de tenerlos luego del paso por "la colimba". Sostener este planteo es atacar las consecuencias sin atender las causas. O lo que es peor, creer en la "mano dura" como solución de los conflictos sociales.
En nuestra actualidad el presente de las Fuerzas Armadas dista de ser el de antaño. Se ha llevado adelante un enorme recorrido para cambiar su perfil e incorporar una nueva forma de relación con la sociedad civil. Como todo proceso, no está ni ha estado exento de cuestionamientos y dificultades. Lo que es claro es que si queremos resignificar su rol en la sociedad no podemos atribuirles funciones o expectativas que deben darse desde otros lugares.
El problema de la inclusión social no se resuelve a la fuerza. Se resuelve con la profundización de políticas activas que permitan el desarrollo familiar, la generación de empleo, la escolaridad y el no desgranamiento, el acceso a mejores herramientas de aprendizajes y el fortalecimiento de la igualdad de oportunidades.
Aquellos que tienen responsabilidades emergentes de la representatividad otorgada por el voto popular deben honrar tal mandato. Hay que dejar de lanzar diatribas contra la inseguridad planteando soluciones que nacen del facilismo autoritario. Profundicemos los consensos sobre las soluciones de largo plazo teniendo siempre presente que la justicia social incluye, no conscribe.
