Por Mario Cáffaro

El ingreso en el último mes de sesiones ordinarias obliga a la Cámara de Diputados a definir proyectos que vienen discutiéndose en comisiones y que llegaron al recinto con posturas encontradas incluso dentro de los dos grandes bloques políticos que tiene el cuerpo (justicialistas y el Frente Progresista). La agenda -prácticamente definida por la mayoría justicialista- estuvo a punto de naufragar en los dos principales objetivos políticos de la jornada cuando el PRO y el oficialismo se retiraron del recinto al observar la ausencia de varios justicialistas. Esto obligó al presidente, Luis Rubeo, a disponer un largo cuarto intermedio a la espera de reunir 25 legisladores. Para lograrlo debieron recurrir a Alejandra Obeid (Santa Fe en Movimiento) quien fue madre días atrás. Con ella se votó un proyecto para separar las elecciones municipales y comunales de las nacionales y la interpelación al ministro de Seguridad, Raúl Lamberto, tal cual anticipó ayer El Litoral. La instancia se hará en el marco de una sesión convocada para el miércoles 21, a las 10.

Antes, Diputados había votado favorablemente la reforma a dos artículos a la ley 6.427 sobre el Servicio Provincial de Enseñanza Privada; la expropiación para uso temporal de la planta de Productora Alimentaria para cedérsela a la Cooperativa de Trabajo Naranpol Limitada y la reglamentación de un artículo del Estatuto del Periodista para que el Estado contrate publicidad oficial sólo con medios con situaciones laborales regularizadas.

Aplauda la barra

Con 26 votos a favor, 17 abstenciones y el fuerte respaldo del Sadop, la Cámara avaló un proyecto de Rubeo que dispone la quita de subsidios a las escuelas privadas cuando despidan a docentes sin invocación de causa y para ello reformó los artículos 30 y 31 de la Ley 6.427 que rige el Servicio de Enseñanza Privada. El texto dispone que ante todo despido sin causa se aplicarán las disposiciones vigentes para los casos de ‘despidos sin expresión de causa’ establecidas en la Ley de Contrato de Trabajo y en estos casos el director del Servicio Provincial de Enseñanza Privada dispondrá la quita del aporte estatal para el cargo que ocupaba el docente despedido. Establece además que durante la vigencia de la quita del aporte estatal, “en ningún caso podrá incrementarse el porcentaje, ni el monto total del aporte estatal, conforme a la autorización e incorporación vigentes al momento del despido incausado, con excepción de aquellos en los que se produjera crecimiento de cursos/grados por promoción o por avance”.

Por último, se determina que en los casos de cambio de planes de estudio o supresión de cursos, grados, divisiones o especialidades, aprobados por resolución del director del Servicio Provincial de Enseñanza Privada, la relación laboral se regirá de acuerdo con lo establecido por la Ley de Contrato de Trabajo.

Primero Rosario Cristiani (Santa Fe para Todos) y luego el radical Juan Carlos Millet pidieron el permiso para abstener a sus bloques por entender que no fueron subsanadas las dudas sobre la legalidad del planteo de fondo. “Tenemos dudas sobre la legalidad del planteo; como peronistas no tenemos dudas de trabajar a favor de los trabajadores” explicó la primera. El radical coincidió con el objetivo pero dudó que se logre la eficacia querida. Después María Eugenia Bielsa pidió la abstención del bloque Encuentro y le siguieron Miriam Cinalli (La Hora del Pueblo); Héctor Acuña (Corriente Peronista) y Raúl Fernández para la bancada de la Unión PRO Federal a excepción de Demetrio Alvarez que votó favorablemente.

En cambio, Leandro Busatto (Bloque kirchnerista) dijo no tener dudas de votar a favor de los trabajadores. “No tengo dudas, tengo certezas”, afirmó. Su par Ricardo Olivera instó a trabajar además para que haya concursos docentes en el sector privado. Verónica Benas (Pares) afirmó votar con alegría para evitar situaciones de despidos arbitrarios en el sector. “El Estado protege a sus propios trabajadores y no puede permitir que no se respeten esos mismos derechos en un ámbito que además recibe subsidios” agregó. En tanto, Silvia De Césaris (Producción y Trabajo) entendió que fue un día de júbilo votar por el respeto a los derechos de los trabajadores que en muchos casos fueron despedidos por cambiar su situación civil.

naranpol

Después fue el turno de Naranpol y también hubo aplausos de la barra a la media sanción. No obstante, el radicalismo votó en contra por entender que no están cumplidas todas las etapas previstas en la nueva ley de Quiebras. Julián Galdeano fue el encargado de explicar que falta la opinión del síndico que puede disponer otra medida que evitaría que el Estado tenga que invertir en la expropiación de la planta. En cambio, Avelino Lago (Producción y Trabajo) autor de la iniciativa aseguró que “se da un paso importante en la lucha que los obreros de Naranpol vienen dando desde hace más de un año”. Aseguró que el proyecto “pretende amparar a los trabajadores, brindándoles herramientas para recuperar sus fábricas. Queremos salvar fuentes de trabajo y que no se liquide todo”, afirmó.

publicidad oficial

En cambio, por unanimidad fue votado el proyecto de ley de Benas que promueve que el gobierno de la provincia sólo paute avisos de publicidad en los medios que cumplan con la legislación laboral.

El artículo 64 del Estatuto del Periodista Profesional establece que “las dependencias de la administración, reparticiones y autoridades judiciales no podrán disponer publicaciones de ninguna índole, condicionadas a un régimen de tarifas, en diarios, revistas, periódicos y órganos de difusión que utilicen personal comprendido en este estatuto que no hayan cumplido previamente las disposiciones de esta ley, la de jubilaciones y pensiones de periodistas y todo la legislación social que ampara los derechos del periodista profesional”.

Para que esta cláusula cobre vigencia es necesario una adhesión de los gobiernos provinciales. Para Benas, es una herramiente jurídica para promover una mejora en las condiciones laborales en los medios de comunicación.

Para alegría de la barra, se aprobó la expropiación temporal de la planta de Naranpol y cambios a la ley del Servicio Provincial de Enseñanza Privada. Tras un largo cuarto intermedio y sin oficialismo ni el macrismo en el recinto, el justicialismo votó interpelar a Lamberto.