"Durante el año pasado se registraron más de 100 despidos certificados, incluyendo los litigiosos. A esto hay que agregar que por año se registran en el Ministerio de Educación dos mil casos bajo la figura de «cese», sin especificar la causa. Haciendo un cálculo restrictivo y entendiendo que sólo el 30 por ciento de los casos corresponde a despidos, nos encontramos que podemos estar ante 600 o 700 despidos más". El dato es escalofriante y lo aporta el secretario general del Sadop, Martín Lucero, para describir una situación que define como "injusta y arbitraria". Al mismo tiempo, no oculta su satisfacción por la media sanción de Diputados provinciales que la semana pasada logró la ley que dispone la quita del subsidio por parte del Estado al cargo sobre el cual se realiza un despido sin causa.

Es decir, de aprobarse definitivamente esta norma —un proyecto del diputado del Frente para la Victoria Luis Rubeo— ya no se podrá despedir a un docente de gestión privada sin explicar la razón y, de no hacerlo, la institución perderá el aporte que paga el Estado, al menos por 30 meses, con posibilidad de reducir a 18 meses.

Las patronales no recibieron con igual satisfacción la novedad. Es más, en el portal de la Federación Santafesina de Instituciones Educativas Privadas (Fesaiep) lo expresaron con grandes letras rojas en una nota titulada: "Muy malas noticias para la educación privada de la provincia de Santa Fe". Y hubo coincidencia con la Junta Arquidiocesana de Educación Católica (Jaec Rosario) en "poner en duda la legalidad" de esta norma, en decir que los despidos "son excepcionales" y en dejar en claro que la "estabilidad del docente privado no es la misma que la del público" (ver aparte).

Votos. Pero la norma ya logró el apoyo de los Diputados con 26 votos a favor, 17 abstenciones y uno en contra, y ahora se espera que Senadores la trate antes de fin de año.

Lucero destaca que este proyecto quiere decirle basta a "una práctica injusta y arbitraria: los despidos sin causa que implican pagos de indemnizaciones de varios miles de pesos en escuelas que reciben aportes del Estado".

De la misma forma que lo hicieron algunos diputados en sus argumentos para votar a favor, Lucero recuerda como ejemplo dos casos que ocuparon la agenda de los medios: el del Colegio del Huerto del año pasado, donde fue despedido el director del secundario, y el del Colegio Maristas de este año.

En esta línea, sin explicitar las causas, los colegios despiden docentes y personal no docente por razones que van desde "no ser afín" a la dirección, tener militancia gremial o bien adherir a un paro, hasta cuestiones que tienen que ver con la vida privada de los educadores.

Es por eso que el mentor de esta iniciativa parlamentaria, Luis Rubeo, pidió a través de su proyecto que "el Estado debe exigir causal de despido a establecimientos educativos que reciben subsidios para su funcionamiento", dando lugar así a un reclamo histórico del Sadop.

En agenda. Además, a través de las exposiciones de legisladores quedó abierta la agenda para continuar con otros reclamos también históricos de este gremio que son la confección de escalafones y los concursos docentes.

El apoyo de los diputados a esta ley es celebrado también por el Sadop nacional que expresa —a través de su secretario general, Mario Almirón— la necesidad "de ponerle límites al absolutismo patronal, impidiendo los despidos arbitrarios en las escuelas, colegios y universidades privadas", además de recordar que "es común ver a la estabilidad sólo como un beneficio del trabajador. En realidad, es más que eso. Se trata de una garantía de seriedad del establecimiento".

Almirón señala que no existe "derecho a despedir docentes" y agrega: "El despido en las escuelas privadas obra como un gran «disciplinador». Si no se aceptan y obedecen las órdenes del empleador, está latente la expulsión. Se manipula mediante el miedo".

En Santa Fe son 250 mil los alumnos comprendidos en la educación privada, reunidos en 834 escuelas, en las que enseñan 27 mil educadores. El 80 por ciento de esos establecimientos reciben el 100 por ciento de subsidios de parte del Estado para pagar el salario a sus docentes.