El Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP) Rosario manifiesta su total rechazo al fallo de la Corte Suprema de Justicia que dictaminó la “ley del 2×1” beneficiando a represores de la última dictadura militar en la Argentina con la reducción de sus condenas.

Los procesos judiciales referidos a crímenes de lesa humanidad comenzaron en nuestro país luego de 1983; en 1986 y 1987 se sancionaron las leyes de obediencia debida y punto final; entre 1989 y 1990 el presidente Carlos Menem otorgó indultos a los condenados. Recién en el año 2001, tras larga lucha de los organismos de Derechos Humanos, las Madres, las Abuelas, e HIJOS, hubo nuevos avances apoyados en la postura de organismos internacionales como el sistema interamericano de Derechos Humanos y de la Justicia nacional. Gracias al compromiso y la vocación de justicia demostrada, se logró, al fin, la declaración de inconstitucionalidad de estas leyes, que luego fueron derogadas por el Congreso nacional en 2003 y finalmente declaradas inconstitucionales por la Corte Suprema en 2005. En 2006 comenzaron los juicios orales de lesa humanidad. El  fallo que la Corte Suprema publicó en el día de ayer pone de manifiesto, sin dudas, la intención de establecer un cambio a este paradigma judicial y político frente a los crímenes del Terrorismo de Estado.

El fallo aplicable a partir de las firmas de la mayoría de los jueces (Elena Highton de Nolasco, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti) viene a tratar de revertir lo que hasta ayer era algo indiscutido y es que esta ley (“2×1”) no regía para los crímenes de la dictadura, dado que no estaba vigente durante su comisión ni durante el juzgamiento de estos delitos. Es por ello que, a la luz de los hechos, nos alerta que a partir del fallo mencionado se abra la puerta a la impunidad de los genocidas.

Los procesos judiciales de crímenes de lesa humanidad como los acontecidos en la última dictadura permitieron la condena de más de setecientos responsables por estos hechos. Estos son crímenes que no prescriben, es decir, que continúan vigentes. De tomar este nuevo criterio, de ahora en más los represores podrían recibir una condena no acorde a la gravedad de los hechos.

Desde el Sadop Rosario apoyamos y acompaños a todos los organismos de derechos humanos en su lucha, a través de todas las instancias nacionales e internacionales para lograr que este criterio que garantiza la impunidad sea abandonado. Solo la Justicia podrá garantizar el Nunca Más en nuestra sociedad.